Corrupción en reparaciones a víctimas
del período militar
El doble estándar
es una forma de descomposición de las relaciones humanas y de la política. En
Chile hay una endeble escala de valores respecto a lo que es o no correcto.
Porque se condiciona el juicio a la condición de adversario o aliado: Lo que es
malo cuando lo hace el otro, se tolera o se encubre cuando lo hace alguien de
tus filas.
Ha
sido el caso de la forma como se ha tratado en los gobiernos de la Concertación
el tema de reparación a víctimas de
apremios ilegítimos, de torturas, prisión política, exilio o exoneración
política durante el régimen de facto que irrumpió vía golpe de Estado, el 11 de
septiembre de 1973.
“Reparaciones
simbólicas” fue el argumento empleado por el Pdte. Lagos Escobar para justificar
pensiones que se concedieron por el monto mínimo, sin considerar, como decía la
ley de exonerados, el grado y cargo que desempeñaba la persona al momento de su
desvinculación forzada.
En
ese sentido, la ley era clara, si el solicitante, declarado exonerado político percibía
al ser exonerado una remuneración acorde a su jerarquía y función, se debía
tomar esa suma para los cálculos de la pensión. Tal predicamento ha sido
establecido en los dictámenes Nos
28.585, de 2004, y 10.343 de 2006, entre
otros, de la Contraloría General de la República.
En materia de retornados, en el libro “Crónicas de Dos Siglos” relevé el tratamiento cuasi ilegal que se dio a las reparaciones de los retornados, los que pudieron traer por un período, un vehículo de hasta 10 mil dólares, pero esa franquicia la podían transferir a terceros. Esto rompió las reglas básicas aduaneras, toda vez que una franquicia es siempre personal e intransferible, pero acá se permitió que se vendiera el cupo a terceros. Muchos personeros partidarios del gobierno militar adquirieron automóviles usados al amparo de esta franquicia que le compraban a retornados.
A
quienes se beneficiaron con el bono de la Comisión Valech por haber sido
declarados “víctimas de prisión política y/o torturas” se les otorgó una pensión vitalicia. Sin embargo,
Lagos Escobar declaró secretos por 50
años los testimonios de las víctimas. Por lo tanto ellas se vieron impedidas de
usar esos testimonios en la vía judicial, lo que claramente buscó favorecer a
los victimarios.
En
las medidas reparatorias a las víctimas calificadas por la Comisión Valech , destacaba
la posibilidad que daban al afectado por torturas y/o prisión política de
estudiar a nivel universitario. Allí hubo una nueva veta para las malas
prácticas, toda vez que por edad y formación muchos de los potenciales
beneficiarios no tenín posibilidades de acceder a estudios superiores. Sin
embargo, como había dineros disponibles, hubo universidades como la de
Humanismo Cristiano o la ARCIS, que inventaron programas especiales para esos
destinatarios, lo que se convirtió en cursos que fueron ficticios, con
matriculas a nombre de personas que nunca se enteraron de haber sido alumnos, logrando
de esta forma obtener recursos, malversando y defraudando la fe pública.
En
materia de exonerados políticos, las prácticas corruptas significaron que se
diera pensiones a personas que para los hechos de 1973 eran menores o adolescentes, y a miles de
personas que declararon ser funcionarios de partidos políticos como si aquello
fuese parte del Estado o de la Administración pública. Para dar curso a esta
forma retorcida de entregar el beneficio reparatorio a quienes no calificaban,
parlamentarios extendieron vergonzosas
certificaciones en serie para la clientela electoral, lo que se tradujo en un
reparto de pensiones como prebendas o
cohecho. Raya para la suma, una corrupción entronizada, que si quieren
explicarla agrava más el delito cometido.
Todos
los que firmaron certificados acreditando que las personas habían sido exonerados
políticos son responsables de una mentira, ya que en gran número esas personas
eran a la fecha del golpe, menores de edad y se les justificó como militantes
de partidos asimilándolos a funcionarios públicos, situación de suyo irregular.
En la ley de Exonerados políticos, Nº 19.234, la calidad de exonerado
político dice relación con haber sido funcionario público o trabajador de
empresas de las señaladas expresamente por la ley y haber sido privado de su trabajo
(exonerado) por motivos políticos en el
lapso comprendido entre el 11 de
septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Desde
una visión progresista y como exonerado real de un servicio público bajo el régimen militar,
considero que la actitud clientelista de todos esos parlamentarios que traficaron
pensiones entre sus seguidores, merece un fuerte repudio ético, por ser, además, de una inconsecuencia
intolerable. Con este tipo de acciones
se desprestigia el concepto de reparación y se pierde el respeto por las
víctimas efectivas, que sufrieron la
exclusión de las listas negras. El reparto populista e inmoral de pensiones
significó, además, pasar a llevar la ley que indicaba que la reparación debía
ser calculando una remuneración concordante a la que se tenía al momento de la
medida política de exoneración. Claro, dando pensiones al mínimo pudieron hacer
la repartija grosera a mucha más gente que significaba en definitiva, votos
cautivos para los caudillos.
La
corrupción no se zanja jugando a empatar en corruptelas con el adversario
político, por lo tanto, querer argumentar que “más robaron ellos”, es patético. Habla de estilos canallescos en el
quehacer político. Si ya la ciudadanía no los votó y perdieron el poder después
de 20 años, con estos antecedentes a la vista debiera aumentar el repudio de la
gente honesta a sus reiteradas conductas.
Por
lo tanto, ese tipo de especímenes deben ser erradicados del sistema político por
la ciudadanía, en especial por aquella que vivió las utopías y que se ha
sentido estafada por los 20 años de conductas que han violentado la ética
pública, llegando en casos como los mencionados al delito puro y simple.
Periodismo Independiente, Hernán Narbona Véliz, 4 de enero de 2012.
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