La Epopeya del Movimiento Estudiantil Chileno
Para analizar el movimiento
estudiantil chileno es necesario contextualizar el mismo en el marco
sociopolítico de Chile y el mundo.
En los escenarios globales,
el movimiento de los estudiantes chilenos ha coincidido con el movimiento 15M
de España, con los Indignados de la Puerta del Sol y de Wall Street, con el
movimiento estudiantil de Colombia; con la caída de Papandreu y de Berlusconi,
con la muerte de Gadafi, con las revoluciones sangrientas que se han
desarrollado en el Norte de África y medio Oriente, como nuevos zarpazos de los
imperios corporativos a reservas
petroleras estratégicas.
El trasfondo de las
movilizaciones sociales globales en Europa y América ha sido el desencanto de
amplios sectores de la población frente a un orden mundial que subordina las
decisiones de Estado a reglas del sistema neoliberal global. Ha sido el paro
extendido por Europa y que en España alcanza a la mitad de los jóvenes, lo que
ha remecido las conciencias para decir basta. En Chile, las circunstancias han
sido similares, con un descontento conceptual con las reglas del juego
impuestas y heredadas del régimen militar.
Para entender al movimiento
estudiantil chileno hay que remontarse al inicio de los ochenta, cuando el
régimen militar mercantilizó la educación considerándola un bien de consumo y
no un derecho inalienable de las personas. En ese marco, proliferaron proyectos
educacionales que jugaron con una demanda insatisfecha de amplios sectores:
llegar a la Universidad. Es así como el sistema de educación superior, reducido
antes a un puñado de universidades tradicionales, donde las principales, la
Universidad de Chile y la Universidad Técnica, eran la expresión del Estado
laico educador, con una red nacional de filiales en regiones. Además, como
universidades tradicionales estaban las pontificias que articulaban también
sedes regionales. Ese era el escenario republicano que duró hasta que el
régimen militar lo modificara en el texto de la Constitución y en la reforma subsecuente
realizada a partir de 1981. En la Educación superior se abrieron espacios para
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. En los
niveles escolares básicos y medios, se municipalizaron los liceos y escuelas
públicas y se abrió un espacio para colegios subvencionados gestionados por
sostenedores privados. En 1990 comienza la transición y lejos de terminar con
estas políticas, las mismas fuerzas que integran la Concertación comienzan a
inscribir sus propios proyectos en el sistema y surgen universidades con
diferente sesgo fundacional, cubriendo todo el espectro ideológico político.
Sostener colegios subvencionados se convierte en pingüe negocio del que todos
profitan.
Pero el mercado es
distorsionador, pues mientras un producto entregue ganancias éste seguirá
explotándose.
La falta de un Estado responsable, que mediante una planificación
indicativa orientara al mercado hacia las carreras necesitaba el país, hizo que
en el mercado fuese caótico, se vendieran las carreras a que más aspiraba la
clientela. Más de 70 universidades ofrecieron carreras como Periodismo,
Psicología, Ingeniería Comercial, fundamentalmente por ser carreras de “tiza y
pizarrón” que no requerían laboratorios, centros de investigación o docencia de
cualidades científicas. Las Universidades públicas, coartadas de seguir
creciendo, con aportes centrales menguados, se involucraron con el mercado y
comenzaron a competir por prestaciones de asistencia técnica a empresas, fondos
concursables para investigación y alianzas estratégicas que permitieran ser
atractivas para los consumidores. Toda una lógica que llegó a distorsionar el
ethos universitario, que mandaba como función rectora de la Universidad un
compromiso con la realidad nacional, con estudios críticos y debates
científicos que pudiesen generar propuestas a la sociedad. Eso se sustituyó por
eventos rentables y el académico debió ser su propio gerente para incrementar
sus ingresos, dejando de lado aquello que no fuese lucrativo. Se habla en este
contexto en Chile, de los profesores universitarios “Taxi”, obreros de la
educación superior, que son los que hacen efectivamente la mayor cantidad de
horas de clases, pero sin tener una pertenencia ni acceder a los beneficios de
los profesores de planta jerarquizados; ellos cobran sus honorarios y corren de
universidad en universidad para lograr una remuneración acorde a su trabajo,
pero con precariedad en el empleo, sin pago de vacaciones y con un trabajo
temporal que los desprotege en materia de salud y previsión.
Obviamente, este
tipo de docente no tiene tiempo para guiar alumnos, no permanece en la
Universidad, no investiga, y por ende la calidad de la docencia no es la misma
que la del catedrático a tiempo completo. Son los aspectos que visualiza el alumno
que paga sus aranceles y recibe un servicio mediocre. Es la mediocridad que se
instala, lo que importa es el negocio.
Sin fiscalización mayor, el
mercado educacional chileno tiene buenos, malos y pésimos exponentes. Los mejores,
sean públicos o privados, destacan por su excelencia, reciben los mayores
puntajes y con ello mayor presupuesto. Los otros disputan en la captación de
alumnos con gastos exorbitantes en publicidad, lo cual los blinda de la crítica
de los medios, generándose cada fin de año una caza de incautos sin mayor
control público. Se ofrecen en los spots televisivos carreras no acreditadas o
con acreditaciones parciales, se inventan carreras sin destino, no se entrega
información dura de los resultados de cada casa de estudios y ese déficit de
transparencia conlleva al ingreso de jóvenes al sistema universitario en forma
indiscriminada, sin exigencia de puntajes mínimos. La “universidad para todos”
así concebida, se ha convertido en una gran estafa social, que ha afectado a
los sectores medios y medios bajos que aspiran a que sus hijos lleguen a tener
un título universitario y que se endeudan para ello. Lo que las autoridades
llaman “ampliación de la cobertura” se convirtió en un pingüe negocio para la
banca y los proyectos universitarios privados. Personas que no debieran
calificar por el puntaje obtenido, son igualmente aceptadas por ciertas
universidades, por mera decisión financiera, que se aleja totalmente de los principios
pedagógicos y de la ética.
Avanzar
negociando o fracasar sin transar
El 2006 era el primer año
del gobierno de Michelle Bachelet, cuando se produjo la revolución de los
pingüinos, así nombrados por sus uniformes escolares de secundaria. Las
demandas de los jóvenes eran la punta de un iceberg. Un Gobierno dubitativo que
tuvo contradicciones vitales con las propuestas de cambio, intentos de
desprestigiar el movimiento con encapuchados violentistas, la censura de la
Cámara de Diputados a una Ministra de Educación y un jarrón de agua sobre la
Ministra que le sucedió y que llevaba las conversaciones. Todo ello pudo ser
una gran oportunidad para la Concertación, pero se llevó el tema a comisiones
que no tuvieron destino, que produjeron propuestas que no fueron vinculantes.
Pasó el tiempo, se apagó el incendio, los líderes secundarios pasaron a la universidad y la dilación de
leyes como la que creaba Superintendencia de Educación demostraron que la clase
política no había asumido como
prioritario el tema de la Educación. Por eso, el problema cruzó ese
último gobierno de la Concertación, estallando la bomba de tiempo en el segundo
año del Gobierno de Sebastián Piñera.
El movimiento social 2011,
con estilos 2.0, impactante presencia internacional en las redes sociales,
transitó por fuera de la institucionalidad manifestando un rechazo extendido a
la clase política, principalmente a los representantes de la Concertación
responsables de la frustración del 2006. Se generó, dadas las circunstancias de
tratarse esta vez de un gobierno de derecha, un movimiento social catalizador
de un desencanto social heterogéneo y transversal con el sistema político y
económico heredado de la dictadura.
El movimiento social obtuvo
en su mejor momento un respaldo de un 89% de la sociedad chilena, tumbó al
Ministro Lavín, involucrado patrimonialmente en la Universidad del Desarrollo,
de sesgo neoliberal; pero la incapacidad de los líderes de controlar a sus
bases fue desgastando al movimiento. Hubo un gran momento para sentar las bases
de un Acuerdo Nacional por la Educación, que fue cuando se conforma una mesa de
diálogo de los estudiantes con el Ministro Bulnes. Pero la falta total de
flexibilidad y la presión interna de sectores anarquistas antisistémicos, que han apostado al no acuerdo, hizo que los jóvenes
se bajaran de la mesa de negociación, quedando el tema sometido a la legalidad
de la instancia parlamentaria.
Casi siete meses de huelgas,
marchas pacíficas que se fueron enturbiando metódicamente, tomas, desalojos y retomas,
un año perdido que hay que pagar, fueron elementos del desgaste. La presión
anarquista se ha expresado en agresiones a los propios líderes y voceros del
Movimiento. Un error que pesará en esos líderes es no haber repudiado
expresamente la violencia sino querer justificarla. La calle que era de las
comparsas y la sátira inteligente, en expresiones coloridas y pacíficas que
habían dado la vuelta al mundo, quedó a merced de encapuchados, infiltrados o
mercenarios manipulados por las mafias del narcotráfico o redes limítrofes a
ellas. La caída de respaldo popular se expresó drásticamente en las últimas
encuestas.
El movimiento social ha dado
pie para que los oportunistas de turno quieran hacer su propio negocio.
Deslegitimados políticos de la Concertación han querido usar al movimiento para
trabar la gestión del gobierno, olvidando los orígenes del problema, del cual
son parte responsable. El Colegio de Profesores ha buscado colocarse detrás de
los estudiantes para esquivar un sistema de evaluación docente imprescindible,
si de calidad se trata. La Central Unitaria de Trabajadores se colgó también
para disimular su falta de convocatoria popular.
Los indignados chilenos se
dividen en los antisistémicos, que postulan romper el sistema con asambleas
populares y una Constituyente que cambie las reglas del juego; y los sistémicos
o republicanos, que quieren capitalizar el movimiento social a través de la vía
institucional, construyendo opciones de cambio por dentro del sistema
democrático representativo, llegando a cambiar la Constitución construyendo
nuevas mayorías. Más de 4 millones de personas no inscritas y que por ende no
son ciudadanos, podrían dar un gran golpe a la cátedra si concurren a
inscribirse. Es el camino republicano por el que apuestan los seguidores de
Marco Enríquez Ominami, el ex díscolo diputado socialista y candidato
presidencial en la primera vuelta del 2009, el cual se ha abocado a preparar su
plataforma partidaria, el Partido Progresista, salvando todas las vallas que
deja el sistema binominal. Lo propio intentan el Partido Regionalista y los
Ecologistas, cuya primera prueba será participar en las elecciones municipales
del año 2012. El Partido Comunista, en la frontera del sistema, tiene en Camila
Vallejo una carta segura, pero que podría ser de obsolescencia temprana si no
diferencia su discurso de los sectores rupturistas antisistémicos.
De cualquier forma los
estudiantes han provocado el 2011 un remezón a las conciencias, en una gran
epopeya cívica que, más allá de las distorsiones interesadas o voluntariosas,
ha colocado en el centro del debate ciudadano el tema de la inequidad, de la
enorme brecha social que ha generado el sistema neoliberal. Se plantea a partir
del 2011 la necesaria redimensión del Estado y una alianza permanente con la
sociedad civil para sentar las bases para una democracia profunda en Chile. La
Educación tomaría su sitial como palanca de justicia social.
Hernán Narbona Véliz, Periodismo
Independiente, 21 de Noviembre de 2011.
Para Revista Notón, Sevilla,
España.
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